El trabajo pionero del Consejo de Europa en los ámbitos de los derechos humanos y la igualdad de género ha dado lugar a normas que tratan de acercar a los Estados miembros a la igualdad real entre mujeres y hombres. Algunos de los logros más importantes incluyen dos tratados legales. La Convención sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos y la Convención para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.
En el caso de la Estrategia de Igualdad de Género 2018-2023 se establecen seis áreas prioritarias, añadiendo una nueva prioridad temática orientada a “proteger los derechos de las mujeres y niñas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo”.
Las áreas prioritarias sobre las que se va a desarrollar esta Estrategia de Igualdad de Género son las siguientes:
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A través de la transversalización del enfoque de género, se garantizará que las nuevas iniciativas tengan en cuenta la perspectiva de género y, así, favorezcan la elaboración de políticas con un conocimiento más profundo, una mejor asignación de los recursos y una mejor gobernanza.
El Consejo de Europa seguirá impulsando la transversalidad de género en todas sus áreas estratégicas a través del desarrollo, puesta en práctica las actividades de cooperación, basadas en los planes de acción específicos de los países miembro y objetivos temáticos, así como en procesos estratégicos de programación y presupuestación y en el funcionamiento de diferentes órganos e instituciones.
http://malostratos.org/estrategia-igualdad-genero-2018-2023/
La comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha pedido que la revisión de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza', "elimine las posibilidades de injerencia desproporcionada en los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica".
Es una carta dirigida a los presidentes del Congreso Ana Pastor, y el Senado, Pío García-Escudero, Mijatovic ha celebrado la prevista reforma de esta legislación y ha expresado su preocupación por "el impacto negativo que esta ley ha tenido en el disfrute de los Derechos Humanos" en España.
Mijatovic ha dicho que confía en que la ley sea revisada, ya que, a su juicio, es "amplia e imprecisa", por dar a las fuerzas policiales un "amplio margen de apreciación". Así, la comisaría considera "inquietante" que en 2017 se impusieran 21.122 sanciones por falta de respeto o de consideración hacia las fuerzas policiales y que se sancione como delito grave, incluidos los periodistas, la grabación no autorizada de fuerzas policiales.
En el escrito hace suyas las palabras de la ONU en 2008: "Aumentar las multas por organizar o participar en reuniones pacíficas 'puede ser considerado una restricción invasiva que excede el criterio de necesidad y proporcionalidad". También considera "problemático" sancionar por haber convocado manifestaciones no notificadas, ya que organismos como la OSCE y la Comisión de Venecia defienden que esa sanción no se justifica.
Expresa su preocupación por las multas elevadas en caso de desórdenes públicos en manifestaciones frente al Congreso o el Senado y señala que "hay que proteger la reunión pacífica cerca de dichas instituciones". Asimismo, la experta se muestra contraria a sancionar las "alteraciones menores" en una manifestación, la ocupación del espacio público y la resistencia o desobediencia a las fuerzas policiales. Solo en 2017, dice en su carta, se impusieron 13.033 multas por el último motivo. Además, considera que el España "carece de un mecanismo de denuncia policial fuerte e independiente que afecte a todas las fuerzas del orden".
En cuanto a los derechos defendidos por el Consejo Europeo en esta noticia, son los relativos a la libertad de expresión, el cual aparece regulado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los DDHH: ”Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión". Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión, y en artículo 11.1 de la Carta de los DDFF de la UE: ”Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión".
Por otra parte ,también menciona el derecho a la reunión pacífica y de asociación regulado en el artículo 12.1 de la Carta :” Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación en todos los niveles, especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico, lo que implica el derecho de toda persona a fundar con otras sindicatos y a afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses.
https://www.eldiario.es/desalambre/Consejo-Europa-Espana-mecanismo-denuncia_0_838866113.html
El Grupo de Expertos del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de seres Humanos (GRETA) realizó un informe que reconoce progresos españoles en el desarrollo del marco legislativo, institucional y político contrata la trata de personas. Sin embargo dice que es necesario mejoras en varias áreas, en especial en la lucha contra la trata con fines de explotación laboral.
España se ha centrado hasta ahora en la lucha contra el tráfico con fines de explotación sexual. Por eso, GRETA insta a las autoridades españolas a adoptar con carácter prioritario un plan de acción nacional integral que incluye medidas para combatir la trata con fines de explotación laboral, así como otras forma de trata, y priorizar la identificación de las víctimas de la trata entre los solicitantes de asilo y migrantes irregulares.
Para prevenir la trata con fines de explotación laboral, GRETA recomienda fortalecer la inspecciones laborales, especialmente en los sectores de trabajo agrícola y doméstico.
GRETA recuerda que las reformas del derecho penal han ampliado la definición de trata para incluir otras formas de explotación, como el matrimonio forzado y la participación en actividades delictivas. También se ha ampliado la duración mínima del periodo de recuperación y reflexión para las víctimas de 30 a 90 días, y a aumentado el número de compensaciones otorgadas por los tribunales a las víctimas de la trata.
Asimismo, GRETA recuerda las recomendaciones para garantizar que todas las víctimas extranjeras sean informadas sobre la posibilidad de beneficiarse de un período de recuperación y reflexión y para hacer que el plan de compensación estatal sea accesible para las víctimas de trata.
GRETA celebra la creación de la función de interlocutor en la Policía Nacional y la Guardia Civil con el fin de reforzar la cooperación con la sociedad civil y la capacitación de los profesionales.
También insta a las autoridades españolas a garantizar que la identificación formal de las víctimas no dependa de la presencia de pruebas suficientes para el inicio de un proceso penal y recomienda el reconocimiento formal del papel de las ONG especializadas en los procesos de identificación.
Con respecto a los niños víctimas, el GRETA dice que es necesario la mejora de su identificación y la asistencia que reciben, prestando especial atención a los niños no acompañados y separados y a los niños romaníes. Recomienda la creación de albergues suficientes para presuntos niños víctimas de la trata y la capacidad de policías, trabajadores sociales y otros actos sobre cómo identificar a niños víctimas.